Andalucía

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El sindicato se defiende asegurando "en ningún momento se han puesto en tela de juicio la realización de las acciones formativas"

Un informe pericial elaborado por el interventor delegado de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad por encargo del Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, que investiga un posible fraude en subvenciones por parte de UGT-A mediante facturas falsas, para cuantificar el posible fraude en las subvenciones recibidas de la Junta entre los años 2009 y 2013 señala que éste, inicialmente, asciende a unos 5,3 millones de euros.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, aborda once de los 32 expedientes de subvenciones objeto de la pericial solicitada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla en marzo de 2015, por lo que está incompleto. En este sentido, el interventor delegado expone en el informe una serie de “limitaciones” para abordar su trabajo, entre ellas la no dedicación exclusiva del interventor de la Administración andaluza para la realización de la pericial, la ausencia de ayuda personal, la imposibilidad de contar con toda la documentación correspondiente a la mayoría de los expedientes o la falta de la misma, y la “ingente documentación existente”.

El objeto de la pericial es el análisis de 32 expedientes de subvenciones concedidas a UGT-A por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2013 para comprobar la existencia de defraudación y el importe presuntamente defraudado en cada uno de los mismos. En concreto, según señala el informe, el posible fraude opera “en la aplicación del dinero de la subvención, o bien para finalidad distinta para la que se concedió, o bien en la imputación de gastos no subvencionables o elegibles, todo ello con el ánimo defraudatorio que la legislación penal exige”.

El perito analiza en los expedientes de subvención, a la luz de la normativa de aplicación, “si los gastos ejecutados son o no subvencionables o elegibles”. De otro lado, analiza supuestos “mecanismos defraudatorios como el ‘bote’, el ‘rapel’ y todo lo relacionado con los alquileres de aulas, instalaciones u oficinas entre Soralpe y Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES-Andalucía), fundación perteneciente al sindicato.

El informe pericial señala que los expedientes de subvención objeto de análisis, con la excepción de cuatro de ellos, se concedieron por el SAE en el marco del Decreto 355/2009 de 22 de septiembre, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo en Andalucía, y conforme a su Orden de desarrollo de 23 de octubre del mismo año. Se establecen dos tipos de subvenciones, las de Formación de Oferta —para personas trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas— y las dirigidas a acciones en materia de Formación.

Recuerda el informe que en la formación dirigida a desempleados es la entidad beneficiaria —en este caso UGT-A— la que tiene que realizar la actividad subvencionada, la misma puede realizarse por un tercero —IFES-Andalucía— siempre que tenga la naturaleza de entidad vinculada. En los expedientes analizadas se concluye que ésta era una práctica sistemática.

De los contratos analizados, el informe pericial indica que se contrataba “la totalidad de las acciones” para llevar a cabo los cursos por parte de IFES-Andalucía, lo que implica igualmente la totalidad de los costes económicos de esas acciones subvencionadas.

El perito, entre las conclusiones extraídas en el informe, adelantado este lunes por Diario de Sevilla, señala que la responsabilidad frente a la Administración concedente de la ayuda es del beneficiario, en este caso, el sindicato; mientras la responsabilidad de la ejecución (acciones formativas) es de IFES-Andalucía en su condición de entidad vinculada.

Dado que la ejecución corresponde a IFES, “únicamente los gastos que realice esta entidad en cumplimiento del contrato y que se reflejen en las facturas que deba emitir son las que se deben considerar subvencionables para el cumplimiento del objeto de la subvención concedida”, por lo que “cualquier otro gasto que no tuviera esas condiciones, no sería un gasto destinado el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y no serían subvencionable”.

De otro lado, el perito resalta que los gastos imputados con carácter general no se corresponden a gastos vinculados a la ejecución de los cursos y, “desde luego, a quien las ejecuta, que no son otros que las entidades subcontratadas”. “Aparecen gastos correspondientes a UGT-A en una diversidad propia de los conceptos en categoría de gastos: coste de personal interno y externo, gastos de mantenimiento, de servicios generales (luz, agua, limpieza, etc.), junto a otros de difícil calificación como gastos de asesoramiento legal o contable que tienen difícil encaje como gastos subvencionables”.

Igualmente, subraya la falta de autorizaciones expresas para la ejecución de las acciones formativas por parte de entidades subcontratadas, excepto IFES, por lo que existe “una falta de subvencionalidad de esos gastos”. Además de “la atomización del gasto”, con facturas que se imputan en porcentajes mínimos —por debajo del 1 por ciento—, el perito se encuentra con “facturas representativas de gastos imputados al 100% en los cursos”.

“En ningún momento se han puesto en tela de juicio la realización de las acciones formativas”

UGT señala que, dado que no es parte procesal en el procedimiento judicial, no puede realizar una valoración “exhaustiva” del mismo, si bien de lo publicado “debemos mostrar nuestra disconformidad con determinadas afirmaciones que, según se publica, se han realizado en dicho informe, las cuales serán objeto de valoración por nuestros servicios jurídicos una vez sea posible acceder a dicho informe pericial”.

“En ningún momento se han puesto en tela de juicio la realización efectiva de las acciones formativas, cuestión que sí era puesta en duda al inicio de este procedimiento”, subraya el sindicato, que asimismo apunta que tampoco se realizan valoraciones en dicho informe, según lo publicado, a facturas ficticias.

Ante esta situación, y no habiendo tenido acceso al informe pericial provisional al no ser parte en el procedimiento judicial en el que se ha presentado el mismo, “no podemos hacer mas valoraciones, si bien mostramos nuevamente nuestra colaboración con los órganos judiciales teniendo el pleno convencimiento de que nunca ha existido ánimo defraudatorio en ninguna actuación realizada en el seno de esta organización”.

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